En dependencia de que una Constitución surja o no del consenso logrado entre las diferentes fuerzas existentes y que constituya una expresión de la soberanía ciudadana, la misma servirá para el avance o el estancamiento de la sociedad.

Aunque por sus objetivos requiera de una relativa estabilidad, al reflejar los cambios que genera el desarrollo social, la Constitución tiene que ser reformada o sustituida.  Su adaptación a las condiciones cambiantes no deben recaer en el gobierno de turno, sino en el soberano que le dio origen, es decir, en el pueblo, mediante representantes elegidos para ese fin. Mucho menos debe quedar sujeta a lo que disponga la persona o el partido que ocupe el poder del Estado, para evitar, como ha ocurrido en la historia, que un gobierno o una generación puedan establecer pautas para siempre y negar a las generaciones presentes y futuras la capacidad de decidir sobre su propio modo de vivir. 

Por ejemplo, en la Convención que redactó la Constitución de 1901 el patriota cubano Juan Gualberto Gómez, en su condición de Delegado, enfrentó un intento de esa índole con las siguientes palabras: "yo conceptúo que es una doctrina antiliberal, que nosotros, aprovechándonos de la circunstancia de estar aquí reunidos para un mandato definido pretendamos ligar el porvenir, cerrar el derecho de nuestro pueblo hacia el mañana, deteniendo su impulso..."

Transcurrido más de un siglo de ese acontecimiento y de  espaldas a los resultados de un modelo que ha fracasado en todos los lugares y todas las épocas donde se implantó, el gobierno cubano, ignorando el derecho de cada generación a decidir su propio destino, ha decidido refrendar constitucionalmente el modelo de socialismo totalitario como irrevocable.

Los antecedentes están en el año 2002, cuando a partir de una iniciativa ciudadana, el  Proyecto Varela propugnó -y recogió las firmas correspondientes para ello- una reforma constitucional a favor de las libertades fundamentales. La propuesta alcanzó una gran repercusión gracias a que el ex presidente estadounidense James Carter lo mencionó en el discurso pronunciado ese año en la Universidad de La Habana.

Al reto, el Gobierno cubano respondió con una Enmienda Constitucional, a la que se adicionó una Disposición Especial en la que se proponía que, el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella fueran declarados irrevocables. Y que, la Constitución solo podía ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social. 

Al declarar eterno un modelo que, además de inviable, ni los nacidos ni los que estaban por nacer habían elegido democráticamente, Cuba se convirtió en el único país occidental anclado constitucionalmente al pasado. La prueba más evidente de ello consistió en que el propio líder de la revolución, Fidel Castro, en una entrevista que brindó en noviembre de 2016 al periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, admitió que: "El modelo cubano ni siquiera funciona para nosotros".

La declaración de irrevocable fue posible porque se invirtió el orden jerárquico del Estado cubano. En la Constitución de 1976 se declaró al Partido Comunista como la fuerza superior de la sociedad y del Estado, lo que lo sitúa por encima de la Carta Magna. Lo demás son las manifestaciones concretas de esa superioridad.

Al clausurar la Asamblea Nacional del Poder Popular el 19 de abril de 2018, el general Raúl Castro aseguró que en la próxima Constitución no habrá cambio de nuestro objetivo estratégico. Y el 3 de junio, al presentar la Comisión designada para redactar el Anteproyecto constitucional, Miguel Díaz-Canel planteó  que la reforma a la Constitución de 1976 no implicará ningún cambio en el sistema político, se mantendrá el carácter "irrevocable" del socialismo en Cuba, y el Partido Comunista (PCC) ejercerá el control sobre el resto de los organismos del Estado. Es decir, el Secretario del Partido Comunista y el Presidente del país pueden definir de antemano lo que se debe o no cambiar en la Constitución: el Partido primero, la Constitución después. 

En consecuencia, el artículo 3 del Proyecto de Constitución plantea que: "El socialismo y el sistema político y social revolucionario, establecidos por esta Constitución, son irrevocables" y añade que "Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución".

La declaración de irrevocable, además de representar los intereses y la ideología del partido que detenta el poder, ni en 2002 ni ahora resolverá la  incapacidad del socialismo totalitario, que al estatizar la economía la convirtió en factor de pobreza y al desconocer las libertades fundamentales generó desinterés; limitaciones que descalificaron ese modelo en el pasado, lo descalifica en el presente y lo descalificará en el futuro.