La realidad de cualquier país agrícola —como es el caso de Cuba— precisa del sistema de escuelas rurales debido al papel de estas en la formación del hombre de campo, a la vez que instrumento vigorizador de la propiedad agraria y de los intereses de los productores.

La importancia de la propiedad no pasó desapercibida para algunos pensadores cubanos. El agrónomo y reformador agrario Francisco de Frías Jacot, Conde de Pozos Dulces (1809-1887), elaboró un programa para establecer las bases de una identidad nacional agrotecnológica y agrocientífica. En el documento titulado "De qué modo pueden consolidarse la riqueza y la prosperidad de la agricultura cubana", fechado en París el 30 de octubre de 1857, expuso que Cuba debiera ser por excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala menor: "Constituyamos la pequeña propiedad agrícola, demostremos con el ejemplo que la caña, el maíz, el tabaco, el plátano, la yuca, pueden cultivarse en escala menor con grande utilidad para los que concentren en pequeño espacio los trabajos que hoy se prodigan en aniquilar las riquezas naturales del país".

José Martí, por su parte, condensó esa misma visión en una frase: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza".

La realización de estas ideas es imposible, entre otros factores, en ausencia de la escuela rural, cuyos gérmenes, en Cuba, los encontramos a fines del siglo XVIII, cuando la Sociedad Económica de Amigos del País creó las primeras escuelas gratuitas para niños de los barrios extramuros (rurales). Francisco de Arango y Parreño, figura destacada de la época, planteó crear escuelas para la enseñanza de la agricultura, y en el barrio extramuros de Jesús María se comenzó a emplear el sistema lancasteriano, método establecido a fines del siglo XVII por Andrés Bell y Joseph Lancaster, basado en que los alumnos más avanzados enseñaban a otros bajo la supervisión de un maestro.

En el siglo XX, a partir de 1902, Cuba recibió la influencia del modelo pedagógico estadounidense, que prestaba atención a la educación en zonas rurales y marginales. Luego en 1909, una ley cubana contempló las particularidades de la escuela rural, y en 1914, en el plan de estudio para las escuelas rurales se incorporó la enseñanza de la agricultura para inculcar las nociones de las ciencias agrícolas y fomentar en los niños el amor hacia la vida del campo, los animales y las plantas.

En febrero de 1936, bajo la presidencia provisional de José A. Barnet, se dictó el Decreto No. 620, que autorizaba al jefe del Ejército a designar militares para enseñar en lugares donde no existían escuelas. Esta fue una iniciativa promovida por Fulgencio Batista —conocedor de la realidad del campo cubano por haberla vivido— que dio inicio al primer gran esfuerzo de alfabetización rural, con capacidad ya en 1944 para 2.710 escuelas y una matrícula de 110.725 estudiantes.

Cada zona de 25 escuelas contaba con una Misión Educativa —integrada por un oficial especialista para cada una de las materias impartidas: Pedagogía, Cirugía Dental, Medicina Veterinaria, Agricultura, Oficios, Higiene y Artes y Ciencias Domésticas—. Cada Misión Educativa era atendida por una Sección de Cultura creada para ese fin en cada uno de los seis regimientos militares del país.

Ante la falta de maestros dispuestos para enseñar en las zonas rurales, el Ejército hizo un llamamiento a los graduados de Escuelas Normales y a los maestros agrícolas varones, menores de 35 años, a los que ofreció puestos de sargentos de la reserva militar. Con esa convocatoria se incorporó un número considerable de maestros desempleados; pero en lo fundamental, el personal docente fue cubierto con 1.000 cabos y sargentos que ejercieron la función de maestros.

Mediante una sucesión de decretos-leyes promulgados entre febrero y abril de 1936, se dispuso, entre otras medidas, la creación de las Escuelas Rurales Cívico-Militares,  cuyo financiamiento se cubrió con un impuesto, promovido por Fulgencio Batista y aprobado por el Congreso, de nueve centavos por cada saco de azúcar producido, lo que proporcionó un millón y medio de dólares, con los que se podían costear 2.300 escuelas.  Por ley del 28 de agosto de 1936, las escuelas rurales quedaron agrupadas bajo el Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, una institución encargada de orientar y aplicar la política social del Estado entre 1935 y 1940.

Luego se dispuso la fundación de los Institutos Cívico-Militares para hijos de padres campesinos, obreros, policías y alistados del Ejército y de la Marina de Guerra fallecidos en el servicio, que abarcaban desde la enseñanza primaria hasta el nivel tecnológico superior. El primero de estos institutos se construyó en 1938, en Ceiba del Agua, actual Artemisa, en una finca cedida por su propietario, el senador Alfredo Hornedo, donde se instalaron más de 1.200 niñas y niños. Más tarde se construyeron instalaciones similares en Holguín, Matanzas y Las Villas.

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1940, Fulgencio Batista, quien resultó electo presidente, emitió el Decreto-Ley 3117, mediante el cual se decidió que los maestros cívico-rurales, dependientes de las Fuerzas Armadas, pasaran al Ministerio de Educación.

En 1941, como complemento necesario de las escuelas rurales, para incorporar los métodos pedagógicos más modernos al sistema de Escuelas Normales existentes, se inauguró la Escuela Normal Rural "José Martí", para el perfeccionamiento de los maestros rurales, que al graduarse construían sus propias escuelas.

El impacto de la escuela rural generó un debate público que formó parte de las luchas de los cubanos por la democratización de la enseñanza:  la Joven Cuba, el Comité Pro-Escuelas Campesinas, la Federación Nacional de Maestros Rurales, la Central de Trabajadores de Cuba, el Partido Ortodoxo, el Partido Auténtico y el Partido Socialista Popular, entre otros, conjuntamente con la prensa de la época: periódicos, revistas, libros e instituciones científicas, se hicieron eco de los problemas de la enseñanza rural.

La creación de las escuelas rurales en la República fue una aportación fundamental a la enseñanza requerida por  un país agrícola como Cuba. Si bien no alcanzó todo lo que el país necesitaba, ni se sostuvo por los gobiernos posteriores, el hecho de haberse iniciado el debate acerca de su importancia marcó un camino pendiente por recorrer, no solo para  alfabetizar al campesinado, sino para crear una cultura del amor y la importancia de la agricultura.

Después de las más de seis décadas de implantado el sistema totalitario que subordinó la enseñanza a los fines del Estado y del marxismo-leninismo; después de reducir la propiedad privada de los campesinos —fundamento de la nación cubana— a la mínima expresión; después de clausurar el sistema de Escuelas Normales —incluyendo una especializada en la formación de los maestros rurales— que graduó los miles de magníficos pedagogos que encontró la Revolución en 1959; después de extraer del campo a miles y miles de jóvenes para actividades ajenas a la agricultura; después de  fracasar en el intento de enmendar ese error con las Escuelas en el Campo para suplir la mano de obra agrícola, y ante el desastre generado en la economía de la nación por las causas anteriores; las escuelas rurales iniciadas en la Colonia y desarrolladas en la República, son hoy más necesarias que nunca.