La victoria electoral, de la que emergió el chavismo en 1999, representó una inapreciable oportunidad para diversificar la economía y democratizar a Venezuela. Con enormes riquezas, apoyo popular y poder casi absoluto, Hugo Chávez optó por copiar el modelo cubano que condujo a una frustrante alternativa: Maduro o Muerte.

La enorme fuga de capitales, la incapacidad para pagar sus adeudos externos, el descenso de la producción y la productividad junto al crecimiento de la burocracia y el gasto público. La pérdida de valor de la moneda expresada en una gigantesca inflación y el aumento indiscriminado de la circulación monetaria sin respaldo productivo ha hecho que el salario mínimo resulte insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica. Ese deterioro en la economía y las finanzas —iniciado durante el mandato de Chávez— se agravó con el Gobierno de Nicolás Maduro, quien en 2014 tuvo que dictar una ley de "precios justos" e implementar un "sistema" de racionamiento.

Entre las causas del agotamiento están la incapacidad administrativa, la estatización de sectores de la economía, la violencia, la represión, la corrupción galopante, el despilfarro de las riquezas nacionales, la escasez de alimentos y medicamentos y paralelamente el desmantelamiento de la democracia.

La insistencia en culpar a agentes externos e internos de la crisis y de inventar salidas falsas, agudizará la crisis, la más grave en la historia de Venezuela y la principal causa de la derrota del chavismo en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Diálogo y negociación desde la violencia

El diálogo y el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente —resultados del camino trazado por Chávez de emplear la vía electoral para arribar al poder y luego girar hacia el totalitarismo— son respuestas dirigidas a conservar el poder.

Desconociendo que el diálogo es una forma de comunicación para conocer la opinión del otro, exponer la propia y explorar las posibles soluciones a un conflicto; que la negociaciónes un proceso que ofrece la oportunidad de Intercambiar promesas, contraer compromisos y llegar a acuerdos; y que ambos son incompatibles con la violencia, Maduro ha formulado una innovación: el diálogo y la negociación desde la violencia para arribar a la "paz". "Venezuela necesita paz y diálogo para moverse hacia delante". escribió Maduro en The New York Times.

El resultado no podía ser otro. El llamado a su "diálogo" no podía prosperar con esas premisas, pues la otra parte reclama elecciones generales, liberación de los presos políticos, canal humanitario para traer medicinas y alimentos, renovación de poderes públicos y desarme de las bandas armadas por el Gobierno.

En 2014 el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pidió a Maduro que liberara al dirigente opositor Leopoldo López si quería entablar un diálogo nacional.Y el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, una vez iniciado el dialogo planteó no continuar porque el mismo estaba en crisis. "Y está en crisis por la responsabilidad del Gobierno. Hablamos de los temas, se llega a compromisos y no se avanza", afirmó. Mientras tanto, la respuesta de Maduro fue: "Obliguemos a la oposición más temprano que tarde a dialogar. Los vamos a tener que obligar en el mejor sentido de la palabra".

Después de ese y de otros fracasos, el 10 de abril de 2017 Maduro dijo en La Habana: "Yo he llamado al diálogo... y sigo llamando al diálogo, no hay otra forma de conseguir la paz. La única forma de conseguir la paz es a través de la palabra, del diálogo, del debate sincero, de la búsqueda de razones, de la búsqueda de puntos comunes".

Ese novísimo concepto de diálogo, acompañado de la violencia y dispuesto a no ceder en nada explica que el país esté inmerso desde el 12 de febrero pasado en una ola de protestas que ha generado decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.

Convencido de su "razón", Maduro no quiere aceptar que el rechazo a la pluralidad está conduciendo hacia una guerra civil. Como afirmaba Hannah Arendt, a superioridad de la ideología totalitaria consiste en que la misma cree haber establecido "con certeza el fin al que se dirige el movimiento de la Naturaleza o de la Historia. Dicho fin se asocia con la realización de la justicia y la armonía sociales. Por eso el fin al que tiende el movimiento puede justificar cualquier acción". Y aquí entramos directamente en el principio de Nicolás Maquiavelo.

La Asamblea Constituyente

La política, como lugar de encuentro de los intereses económicos, está estrechamente relacionada con el poder. La misma, aunque efecto de la economía, ha devenido causa de conflictos a lo largo de la historia.

En el prolongado proceso de elecciones y plebiscitos, además de que los venezolanos aprendieron a usar los mecanismos democráticos, se expresó en la división de los votos entre el 40 y el 60% aproximadamente a lo largo de 17 años. Lo cual legitimó tanto al chavismo como a la oposición. Pero la vía electoral tiene sus reglas, contrarias a lo que expresó Maduro en vísperas de las parlamentarias de 2015, cuando adelantó que si perdía: "Pasaría a gobernar con el pueblo en unión cívico militar", es decir, con la minoría como lo está haciendo ahora.

Maduro, orgulloso de la Constitución Bolivariana de 1999 nunca habló de renovarla, pues el pueblo, según sus palabras, estaba en el poder. Hasta abril de 2017 combatió a la oposición "con la Constitución en la mano", pero ahora, en medio de una profunda crisis y de las protestas que exigen su salida, decidió que el pueblo "tome el poder originario". "No dejaron más alternativa", aseguró Maduro.

Así nos enteramos de que el poder no estaba en el pueblo. Con ese supuesto propósito convocó el 1 de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente para "reformar el Estado y redactar una nueva Constitución".

Con la esperanza en que mejoren los precios del petróleo y de estar en mejores condiciones para poder enfrentar unas elecciones (ahora mismo sería derrotado), Maduro aspira a distraer a la población y ganar tiempo, por eso no hizo alusión a las elecciones regionales, que no se celebraron a fines de 2016, ni a las municipales de 2017.

Su propuesta se basa en el artículo 347 de la actual Carta Magna, pero para su legitimidad tiene que ser ratificada en un referendo según la actual Constitución, que dispone que el presidente, la Asamblea Nacional (con mayoría de dos terceras partes), los cabildos municipales (con mayoría de dos terceras partes) y el 15% de los electores, pueden proponer la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, pero, para confirmarse dicha convocatoria es ineludible la realización de un referendo.

El propio Maduro, convertido en fuente de derecho, ha determinado que la asamblea estará formada por 500 miembros elegidos por "voto del pueblo", y que aproximadamente la mitad sería electa por la base de la "clase obrera" y la otra mitad "en un sistema territorial, con carácter municipal, en las comunidades". De esa forma coloca la creación de la Constitución en manos de los consejos comunales y las grandes misiones que ha impulsado el chavismo, donde goza de cierta popularidad.

Como la burocracia ha pasado de 1,2 a cuatro millones de funcionarios y existen otros cinco millones de beneficiarios de las misiones chavistas, la apuesta de Maduro es que esos nueve millones apoyarán a su Asamblea Constituyente. De lograrlo, podría:

anular la actual Asamblea Nacional en manos de la oposición

anular a la Fiscal General

permanecer en el poder —sin necesidad de elecciones— al menos durante los años que dure el proceso.

De esa forma evitaría enfrentar unos comicios con el 68% del electorado en contra, como ocurriría ahora mismo. Se irían a bolina la cacareada Constitución de 1999 y la Quinta República de Chávez, mientras los venezolanos tendrían entonces que escoger entre dos males: Maduro o la muerte.