En 1958, según el anuario azucarero de ese año, Cuba producía el 72% de todo lo que se consumía en el país e importaba el otro 28%. Para mejorar esos índices, en 1959 Fidel Castro dijo que se aumentaría notablemente la producción agrícola, se duplicaría la capacidad de consumo de la población campesina y Cuba borraría su pavorosa cifra de desempleo crónico, logrando para el pueblo un nivel de vida superior al de cualquier otra nación.

62 años después, ante una economía empobrecida que obliga a importar el 80% de lo que se consume, con una insolvencia financiera que ha generado un desabastecimiento generalizado, en el Informe al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro ha dicho cosas como: hay límites que no podemos rebasar porque llevarían a la destrucción del socialismo; ante la irrupción de las redes sociales clamó por la "seguridad informática"; reactivó la consigna "las calles, los parques y las plazas serán de los revolucionarios"; reafirmó el artículo 5 de la Constitución, que refrenda la existencia de un Partido único; e insistió en no permitir la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales.

Sin embargo, brillaron por su ausencia temas cruciales, como el derecho de los cubanos a ser empresarios e inversionistas en su país; la entrega de la tierra en propiedad a los que la trabajan; la implementación de libertades para producir; vender y comprar sin la tutela del Estado; la creación de pequeñas y medianas empresas de cubanos con personalidad jurídica; el reconocimiento de la natural pluralidad social. Tampoco ofreció ninguna explicación de por qué Cuba produce hoy menos azúcar que en 1894, diez veces menos café que en 1958, o por qué la ganadería y sus derivados, que eran la segunda actividad económica en 1958, hoy son un desastre.

En el Informe ratificó la voluntad de fomentar el diálogo respetuoso con Estados Unidos, pero no explicó por qué cuando el entonces presidente Barack Obama dictó seis paquetes de medidas que aumentaron los viajes y las remesas a Cuba y facilitó las negociaciones con otros países —con lo cual se reanimaron las esperanzas de los cubanos—, su Gobierno no respondió a esas iniciativas y canceló cualquier atisbo de reforma estructural.

Detrás de esos resultados está el intento de convertir la revolución —un acontecimiento temporal en que se desplaza a un Gobierno o una clase social mediante la violencia y cuya duración termina en cuanto la revolución se institucionaliza— en un hecho definitivo, lo que ha conducido a intentar resolver una crisis estructural profunda con medidas parciales y limitadas. La terquedad del tiempo se ha encargado de demostrar que los pequeños cambios en algunos aspectos de la economía tienen que extenderse hasta los derechos y libertades ciudadanas.

Mientras esos cambios integrales no se acometan, la distancia entre el Partido único y el pueblo que éste dice representar, continuará aumentando. En ausencia de esos cambios es de esperar más represión, menos libertades y mayor proximidad de una hambruna.

El hecho indiscutible es que el sistema totalitario implantado, ajeno a la naturaleza humana, agotó sus posibilidades. Los intentos por reanimarlo han fracasado. La solución, como ha ocurrido con situaciones similares en otros lugares, resulta imposible sin una reforma estructural y un giro radical en la forma de pensar y actuar, lo que conlleva no solo el relevo de los gobernantes, sino que implica la introducción de la economía de mercado y el cambio del modelo fallido.

La economía de mercado, resultado natural de la civilización humana, consiste en una forma de relación social donde diversas personas e instituciones, con dinero, productos y servicios, se encuentran para intercambiar. Es tan natural que, cuando se le suprime, reverdece como mercado negro. Lo imposible es eliminarla porque el mercado es consustancial al hombre. De ahí que lo útil es colocarla en condiciones naturales, acompañada de las correspondientes normas jurídicas. Sin embargo, las autoridades cubanas, atadas a la ideología y los interese creados, insisten en que "la planificación y no el libre mercado seguirá siendo el rasgo distintivo de la economía".

El aferramiento a la estatización, la planificación centralizada y la ausencia de libertades son el primer obstáculo para superar la crisis. Por eso la necesidad de reformas en Cuba se puede lentificar, pero no impedir, porque constituye una necesidad estructural y vital del país.

En ese estado de cosas, el Gobierno se enfrenta a una contradicción insoluble; la incompatibilidad de los cambios con la conservación del modelo, o lo que es lo mismo, cómo superar la crisis y al mismo tiempo sostener el modelo que la generó mientras nos hundidos en la insolvencia financiera, sin suficiente inversión extranjera, sin acceso a los mercados de capital y en medio de la reducción de ingresos por turismo, remesas y alquiler de profesionales, en un contexto nacional e internacional desfavorable.

Si esa realidad no se enfrenta, con o sin voluntad política, la salida será perjudicial para Cuba y para los cubanos. De ahí la pregunta tras el VIII Congreso del Partido Comunista: ¿Y Cuba qué?