El plan nacional de soberanía alimentaria y educación nutricional, creado en el año 2020, fue presentado el pasado mes de febrero al cuerpo diplomático acreditado en Cuba. En el evento, celebrado en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el ministro de Agricultura, Ydael Pérez, explicó que el plan se sustenta "en el derecho de la población una alimentación sana y adecuada, y es una plataforma para lograr la seguridad en este ámbito, un aspecto de importancia estratégica para el país."

Con el concepto de soberanía alimentaria se designa el poder de una nación "para definir su política agraria y alimentaria". Tal definición implica que los productores, distribuidores y consumidores gocen del correspondiente empoderamiento para lograrlo.

Resulta que en países con sistemas autoritarios o totalitarios, donde el Estado tiene supremacía sobre las cosas y las personas, predomina la propiedad estatal sobre los medios de producción, y las personas quedan reducidas a objetos, el concepto de soberanía alimentaria resulta imposible de implementar, por la sencilla razón de que los sujetos, poseedores de derechos y libertades para desempeñar el papel de soberano, no existen. Ese es el caso de Cuba.

Precisamente por esa ausencia, Cuba, que antes de 1959 producía el 80% de los alimentos de origen agropecuario, hoy solo produce el 20%, lo que obliga a erogar cientos de millones de dólares cada año para adquirir en el exterior lo que se puede producir en el país.

Esa ineficiencia productiva, sostenida en el tiempo, ha conducido a una crisis cada vez más profunda, cuyas manifestaciones más visibles son la disminución en la producción de azúcar, de café, de carnes, de arroz y/o de medicamentos; es decir, de productos básicos para sobrevivir; mientras los precios aumentan y las colas alrededor de los mercados cada vez son más largas, la mayoría de las veces no para comprar, sino para ver si sacan algo a la venta.

Ante ese deplorable estado, aspirar a la soberanía alimentaria sin antes analizar las causas del retroceso sufrido y sin la voluntad política correspondiente para restablecer las bases, los mecanismos, y los derechos y libertades que antes permitían producir el 80% en el país, puede ser una falacia, una burla o cualquier otra cosa, menos un proyecto viable en ausencia del soberano.

Entre las causas de la actual crisis productiva saltan a la vista, en primer lugar, la estatización con las dos leyes de reforma agraria de 1959 y 1963, que conjuntamente con la "cooperativización" elevaron las tierras estatales a más del 75% del total; y la Ofensiva Revolucionaria de 1968, que liquidó los restos de propiedad privada que subsistieron hasta ese momento. Medidas acompañadas con una mayor centralización de las decisiones económicas y, por tanto, con la desaparición total de los pequeños y medianos empresarios, sin los cuales es imposible alcanzar la soberanía alimentaria.

El tema de la soberanía alimentaria, debatido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996, fue resultado de las experiencias de la vida campesina, particularmente de la pequeña y mediana propiedad. No por casualidad en la Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, que tuvo lugar en La Habana en 2001, la soberanía alimentaria se definió como "el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción".
 
En Cuba ese derecho de los pueblos, basado en la pequeña y mediana producción, no existe. Por tanto, el primer paso para aspirar a dicha soberanía, es devolver a los cubanos ese derecho vulnerado: el de ser soberano.

Las tecnologías, la ciencia y la participación de las universidades —enarboladas como nuevas iniciativas—, ni son nuevas ni resultan suficientes. Cuba ha contado desde hace décadas con múltiples universidades y centros de investigación agropecuarios, entre otros muchos: la Estación de Pastos y Forrajes Indio Hatuey (1962); Instituto Cubano de Investigación de Derivados de la Caña de Azúcar (1963); Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical Alejandro de Humboldt (1964); Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (1964); Instituto de Ciencia Animal (1965); Centro de Mecanización Agropecuaria (1969); Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (1969), Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (1970); y Universidad agrícola de  La Habana (1976).

Además de la extensa red de universidades y centros de investigación agropecuarios, gracias a las ventajosas relaciones con la Unión Soviética, particularmente después del ingreso al CAME en 1972, Cuba contó con una potente infraestructura en maquinaria agrícola y paquetes tecnológicos, sistemas de riego y empleo de miles de toneladas de herbicidas, pesticidas, fertilizantes y de concentrados alimenticios para la ganadería, muy superior a los que contaban el resto de los países de América Latina. Sin embargo, el nivel de productividad cubano era el más bajo de la región. ¿Por qué fue así? Sencillamente por el predominio absoluto de la propiedad estatal, la decisión política de impedir la existencia de la pequeña y mediana propiedad y el resurgimiento de una clase media nacional.

De espaldas a los hechos, después de intentar una y otra vez aumentar la producción agropecuaria desde la primacía de la empresa estatal, el pasado mes de marzo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, habló de una "recuperación gradual" en los primeros tres meses de 2022 que estuvo ausente en la vida de los cubanos. De todas formas admitió que ese "incremento" no serviría para recuperar el PIB alcanzado en 2019, antes de la pandemia del coronavirus.

Lo cierto es, según sus propias palabras, que se dejó de cumplir el plan de cultivo de arroz, de carne bovina y de cerdo y de leche; y que 439 empresas continuaban con pérdidas. Además, la campaña de productos estratégicos como el azúcar y el arroz se quedó por debajo del rendimiento esperado.

Resulta significativo que el proyecto de ley, presentado en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular se hiciera en presencia del cuerpo diplomático, como si se tratara de un logro obtenido. La invitación al personal diplomático —realizada por el ministro de Agricultura—, a cooperar con el país para llevar a feliz término los objetivos propuestos, hace pensar que el propósito de la presentación era brindar una imagen de cambios al exterior para, una vez más, solicitar ayuda y atraer inversionistas.

El ministro recordó que Cuba lleva sometida más de seis décadas a un "férreo bloqueo" por parte de EEUU, el cual tiene un impacto negativo en la producción agropecuaria y la importación de alimentos, a lo cual se suman las afectaciones derivadas del cambio climático y de la actual crisis por el Covid-19. Tal parece, según sus palabras, que con el novedoso plan, EEUU suspenderá ese "férreo bloqueo", el cambio climático dejará de afectar y el Covid-19 desaparecerá.

El proyecto de ley dirigido a lograr la soberanía alimentaria en Cuba y a la educación nutricional tendría realmente valor e importancia si en el mismo se colocara en primer lugar la devolución de los derechos y libertades a los cubanos, empezando por los productores, es decir, restituyendo la figura del soberano, como premisa para la soberanía alimentaria. En cuanto a la educación nutricional habrá que esperar que se produzcan los alimentos.